Hace algunos días, en el diario La Nación, un grupo de reconocidos especialistas en nutrición y obesidad manifestaron sus dudas y disensos sobre el proyecto de la llamada “ley de obesidad” que fue aprobado en la Cámara de Senadores a fines del año pasado y que actualmente aguarda su tratamiento en Diputados.

La discusión es bienvenida, y reconforta la existencia de un fuerte consenso sobre la dimensión del problema de la obesidad y la necesidad de encarar medidas para contenerlo, habida cuenta de las consecuencias que tiene sobre la salud de la población y sobre los costos de salud. Sin embargo, quisiera señalar algunas cuestiones a mi entender muy importantes, basándome principalmente en la norma en cuestión, ya que por momentos, parece haber cierta confusión sobre lo que efectivamente se está proponiendo.
 
1) Se afirma en la nota que el proyecto de ley está “medicalizando” el problema y que no se ocupa de la prevención.

El dictamen aprobado en el Senado incluye varias medidas que tienen como eje la prevención. Entre ellas, campañas informativas sobre los aspectos clínicos, nutricionales, psicológicos y sociales de la enfermedad, sobre las formas apropiadas e inapropiadas de sus tratamiento, y sobre los “derechos del consumidor”.  También se propone la incorporación de educación nutricional en las escuelas, así como talleres para padres y maestros sobre potenciales conductas de riesgo y promoción de la alimentación sana y la actividad física.

Por otro lado, la norma busca prohibir ciertas prácticas engañosas de publicidad como la venta de menúes con alto contenido de grasa y azúcares junto con juguetes u otros incentivos comerciales que puedan influir sobre la elección de estos alimentos en niños muy pequeños. También se propone la creación de “estándares para garantizar que los comedores escolares y los planes alimentarios nacionales velen por los aspectos nutricionales de la población atendida”.

Seguramente podría avanzarse más en los aspectos preventivos, pero, ¿puede afirmarse que estas medidas no contribuyen a la prevención?

2) También se afirma que es "mezquino" focalizar sobre los quioscos escolares y que no tiene sentido prohibir los alimentos con alto contenido de grasa y azúcares.

La norma no “focaliza” en los quioscos escolares; éstos son apenas un aspecto más a tener en cuenta junto a, por ejemplo, los menúes escolares y la capacitación del personal de las escuelas. Además, la norma propone garantizar la oferta de alimentos sanos, como frutas hortalizas y cereales, no prohíbe ningún alimento. No coincidimos, pues, en calificar de mezquino el fomentar una alimentación saludable en el entorno escolar.

3) Se critica también en la nota una supuesta medida que obligaría a implementar carteles con la leyenda que advierte sobre el riesgo de consumir “alimentos con azúcar y grasa”, pues no son alimentos perjudiciales más que si se los consume en exceso.

Estamos de acuerdo con esta afirmación. Lo cierto es que la norma no dice eso sino que sólo se refiere a las "grasas trans", es decir, los aceites hidrogenados que se utilizan en la industria para la conservación de ciertos alimentos. Las grasas trans no son una fuente sana de energía como las grasas animales o vegetales, y no son para nada recomendables desde el punto de vista de la salud. Su contribución a distintas enfermedades está probada científicamente.

4) También se afirma que no se han tenido en cuenta las diferencias culturales y regionales.

La norma dice expresamente que se "desarrollarán estándares alimentarios para garantizar que los comedores escolares y los planes alimentarios nacionales velen por los aspectos nutricionales de la población atendida, poniendo especial énfasis en la corrección de las deficiencias o excesos de nutrientes, atendiendo las particularidades de la cultura alimentaria local."

5) Se hace referencia a la inviabilidad económica de la propuesta y a la inminente saturación de hospitales públicos.

Evidentemente son cuestiones complejas y que involucran costos de salud. Estamos en contra de las soluciones rápidas e impracticables. Por eso, propusimos hace ya más de un año un esquema de aplicación progresivo, con una serie de pasos que partan de lo que se puede hacer hoy con los recursos que tenemos disponibles, para más tarde reasignar fondos a mediano plazo, y finalmente ampliar los recursos actuales a partir de evidencias disponibles, todo esto siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Tampoco deben olvidarse aquí los enormes costos que la obesidad no tratada genera en el presupuesto nacional de salud debido a la mortalidad prematura y a complicaciones en muchos prevenibles.

Por último, coincidimos con los especialistas consultados por el diario en que un mayor involucramiento de la industria alimentaria no sólo es deseable sino necesario, y lamentamos que ese aspecto no haya sido explorado suficientemente en el actual proyecto. Por eso, en su momento, desde el Instituto Argentino de Nutrición acercamos un documento con fuerte énfasis en la dimensión cultural del problema de la obesidad, el sedentarismo y la mala alimentación. Entre otras medidas, propusimos regular la venta de alimentos y bebidas no saludables en escuelas y alrededores, exhibir adecuadamente los alimentos sin sal o azucar y bajos en grasas en supermercados, exigir a restaurantes que informen sobre las calorías de los menúes y ofrezcan alternativas saludables, regular el marketing de alimentos no saludables y aumentar la promoción de alimentos saludables, aumentar los impuestos a gaseosas, e incentivar impositivamente a los alimentos nutritivos y de bajas calorías, garantizar espacios públicos para practicar actividad física.

Confiamos en que, a mediano o largo plazo, algunas de estas medidas encuentre su camino para su aplicación efectiva, sin dejar de lado el diálogo productivo con la industria. 

Pero, más allá de lo propuesto entonces y de lo que queda por discutir, no debemos perder de vista que el dictamen que está ahora bajo consideración de los diputados es un importante avance. ¿Por qué?

• Porque permitirá la atención de una patología grave que es hasta ahora un agujero negro en nuestro sistema de salud, en flagrante violación al derecho constitucional a la salud.
• Porque la educación de los niños y la información de los padres, sumado a un ambiente escolar nutricionalmente más adecuado, puede ayudar a prevenir una epidemia inédita de obesidad en los más vulnerables.
• Porque la obesidad es una enfermedad compleja que requiere de la participación de profesionales de distintas áreas: clínica, nutricional, actividad física, psicología, grupos de autoayuda, etc.
• Porque las cirugías de la obesidad no son un lujo ni una cirugía estética sino un tratamiento médico avalado por la comunidad científica para casos específicos en los cuales el resto de los tratamientos no han dado resultados satisfactorios.

¿Podemos negar que la actual norma tendrá efectos positivos para la salud de la población, aun cuando falte mucho por hacer? ¿Seguiremos postergando durante años la atención de personas que requiere atención médica?

La mal llamada “ley de obesidad” (pues no sólo apunta a tratar esta enfermedad sino también a promover hábitos de alimentación saludable y a lograr mayores niveles de actividad física en la población) no es un esfuerzo de una sola persona. Son muchas las organzaciones y legisladores que han participado con valiosos aportes, y todas las opiniones son atendibles. Pero quisiera aquí enfatizar la importancia de leer con atención las propuestas y de hacer aportes constructivos.

Estamos ante una oportunidad única para combatir uno de los grandes problemas de salud pública. Aprovechémosla.

* Qué es la ley de obesidad

* Ley de obesidad: avances en algunas provincias

* Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores en noviembre 2007. Espera aprobación de Diputados.

* Obesidad, la epidemia del siglo XXI. Aportes para una Ley Nacional de Obesidad y Alimentación. Por el Dr. Alberto Cormillot.